Un relevamiento muestra que 32 de los 70 barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) de la ciudad de Santa Fe se encuentran, total o parcialmente, en reservorios o fuera del sistema de defensas contra inundaciones. El escenario vuelve a generar preocupación ante los pronósticos que anticipan un posible fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.
23 de julio de 2026
La posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño provoque lluvias superiores a lo normal durante la primavera volvió a poner el foco sobre una situación que desde hace años preocupa a especialistas y autoridades: la existencia de decenas de asentamientos ubicados en sectores inundables de la ciudad de Santa Fe.
Según un relevamiento realizado por el medio Aire de Santa Fe, de los 70 barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en la capital santafesina, al menos 32 se encuentran total o parcialmente dentro de reservorios hídricos o fuera de los anillos de defensa que protegen a la ciudad, frente a crecidas de los ríos y lluvias intensas.
La situación adquiere especial relevancia porque esos barrios están alcanzados por la Ley Nacional 27.453, que impulsa su integración socio urbana, suspende los desalojos y establece que el Estado debe avanzar en la provisión de servicios básicos y en la regularización dominial.
Un registro creado para visibilizar los barrios populares
El RENABAP fue creado en mayo de 2017 mediante el Decreto 358/2017, luego de un relevamiento territorial realizado durante 2016 por organizaciones sociales como la CTEP (hoy UTEP), Techo, Cáritas y la Corriente Clasista y Combativa, entre otras, junto con el Estado nacional. El objetivo fue identificar por primera vez, con datos georreferenciados y censos casa por casa, los asentamientos informales existentes en todo el país para diseñar políticas públicas de urbanización e integración.
A partir de ese trabajo se identificaron miles de barrios populares donde las familias carecían de título de propiedad y no contaban con acceso regular a al menos dos servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica formal o red cloacal. Ese registro dio origen, en 2018, a la Ley de Integración Socio Urbana, que declaró de interés público la regularización de esos barrios y habilitó mecanismos para su urbanización y, cuando resulte necesario, la expropiación de los terrenos donde se encuentran emplazados.
Barrios ubicados en sectores de riesgo
En Santa Fe capital, el relevamiento indica que existen 15 asentamientos ubicados total o parcialmente fuera del sistema de defensas, entre ellos Alto Verde, La Boca, Playa Norte, Vuelta del Paraguayo, La Vieja Tablada, Los Alisos y distintos sectores de Colastiné Sur.
A ellos se suman otros 17 barrios asentados sobre reservorios o áreas destinadas a almacenar excedentes hídricos durante lluvias intensas, como Barranquitas Oeste, Santa Rosa de Lima, Barrio Chalet, Villa Oculta, Varadero Sarsotti y nuevamente Alto Verde, Playa Norte y Los Alisos, que aparecen en ambas categorías.
Desde la Municipalidad y el Gobierno de la provincia ya habían reconocido que la ocupación de reservorios y canales de guarda reduce la capacidad del sistema de drenaje y dificulta el funcionamiento de las estaciones de bombeo durante eventos meteorológicos extremos. Además por supuesto del riesgo que corren las personas que ocupan esos asentamientos.
La ley también contempla relocalizaciones
Si bien la normativa protege a los habitantes de los barrios populares y garantiza el acceso a servicios públicos, también prevé que, cuando un asentamiento se encuentre en una zona de grave riesgo para sus habitantes, el Estado nacional debe coordinar con provincias y municipios las relocalizaciones que resulten imprescindibles, respetando criterios de reasentamiento y derechos humanos.
Sin embargo, ese mecanismo tuvo escasa aplicación. En la ciudad de Santa Fe solo se registraron avances parciales en sectores de Playa Norte, mientras que la mayoría de los asentamientos continúa ocupando áreas vulnerables.
Cambios en la política nacional
Durante la gestión de Alberto Fernández, la integración de los barrios populares fue financiada principalmente a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que permitió ejecutar obras de infraestructura y programas como "Mi Pieza", destinado a mejorar viviendas.
Posteriormente, el Gobierno de Javier Milei eliminó ese programa y avanzó con la disolución del FISU, aunque la Ley 27.453 continúa vigente. A la par, comenzó una investigación en la justicia federal por presuntas maniobras de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público y posible malversación de fondos públicos, de quienes manejaban el FISU, Juan Grabois y Fernanda Miño.
Con un posible episodio intenso de El Niño previsto para los próximos meses, la discusión vuelve a instalarse en Santa Fe: cómo compatibilizar la protección de miles de familias que viven en barrios populares con la necesidad de preservar el funcionamiento del sistema de defensas e infraestructura hídrica de una de las ciudades más expuestas a inundaciones del país.
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