La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno provincial para reformar el sistema jubilatorio entrerriano. La iniciativa fue aprobada por mayoría luego de más de cinco horas de debate y representa uno de los principales logros políticos de la gestión de Rogelio Frigerio, al concretar una reforma que distintos gobiernos habían intentado sin éxito desde 1997.
29 de julio de 2026
La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió este miércoles en ley el proyecto de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", enviado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y garantizar la sostenibilidad del sistema previsional provincial.
La iniciativa fue aprobada por 18 votos a favor y 12 en contra, tras una sesión que se extendió por más de cinco horas. Con esta sanción, el Gobierno de Rogelio Frigerio logró convertir en ley una de las reformas estructurales más importantes de su gestión, luego de varios meses de debate legislativo y negociaciones que permitieron introducir modificaciones al texto original.
Durante el tratamiento, el oficialismo defendió la necesidad de avanzar sobre un sistema que registra un déficit cercano a los 43.000 millones de pesos mensuales. El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, sostuvo que la norma "marca un rumbo para el orden de la provincia" y destacó la decisión política del gobernador de afrontar un problema que, según remarcó, se arrastra desde hace décadas.
Por su parte, el diputado Bruno Sarubi, miembro informante del proyecto, recordó que el expediente comenzó a discutirse en marzo y fue modificado durante su paso por las comisiones de Hacienda y de Previsión Social. "No fue un proyecto aprobado a libro cerrado", afirmó, al tiempo que sostuvo que el objetivo es garantizar que las futuras generaciones puedan acceder al 82% móvil sin comprometer la sustentabilidad de la Caja.
Desde la oposición, en cambio, se cuestionó el alcance de la reforma y el momento elegido para su aprobación. Legisladores de distintos bloques manifestaron reparos sobre la constitucionalidad de algunos artículos, cuestionaron el aporte extraordinario del 3% para determinados salarios y advirtieron sobre el impacto que el aumento de las contribuciones patronales podría tener sobre municipios y comunas. También coincidieron en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque sostuvieron que existían alternativas diferentes para alcanzar ese objetivo.
La ley declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional por dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos. Entre sus principales puntos incorpora un aporte extraordinario del 3% para trabajadores activos con remuneraciones superiores a los tres millones de pesos, incrementa las contribuciones patronales, redefine principios rectores del sistema y establece una actualización gradual de los requisitos jubilatorios. Los cambios en edad y años de aportes comenzarán a aplicarse recién dentro de cinco años y se implementarán de manera progresiva.
Una reforma que tres gobiernos intentaron sin éxito
Más allá de los cambios que introduce la ley, la sanción tiene un fuerte significado político porque pone fin a una discusión que atravesó sucesivos gobiernos sin llegar a concretarse.
El primer antecedente se remonta a 1997, durante la segunda gestión de Jorge Busti, cuando se impulsó una reforma que contemplaba cambios en la edad jubilatoria, el cálculo de los haberes y el régimen de movilidad. El proyecto llegó a la Legislatura pero finalmente fue retirado.
Años después, durante la gestión de Sergio Urribarri, la Provincia firmó con la Nación un convenio de armonización previsional que contemplaba modificaciones al sistema. Si bien se elaboraron distintos borradores, nunca llegaron a convertirse en ley.
La administración de Gustavo Bordet también reconoció la necesidad de avanzar sobre el régimen previsional. En 2018 inició una ronda de diálogo con gremios y legisladores y, en 2020, anunció que impulsaría una reforma integral. Sin embargo, la falta de consenso político y el contexto de la pandemia hicieron que la iniciativa nunca llegara al recinto y solo se aplicaran medidas parciales mediante la Ley de Emergencia Solidaria y distintos decretos.
Con este antecedente, el Gobierno de Frigerio consiguió reunir la mayoría legislativa necesaria para aprobar una reforma que distintos gobernadores consideraban necesaria, pero que durante casi tres décadas no había logrado superar las resistencias políticas y sindicales. La sanción representa así uno de los principales logros legislativos de la actual gestión y un punto de inflexión en la política previsional de Entre Ríos.
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