Tras años de dilaciones y batallas judiciales, la jueza Marina Barbagelata resolverá la elevación a juicio de la causa que investiga el desvío de 53 millones de dólares de la Legislatura entrerriana. El proceso mantiene a 18 imputados en el banquillo y entra en su etapa final.
17 de junio de 2026
Luego de un año de discusiones empantanadas por constantes recursos de las defensas, la causa por los contratos truchos de la Legislatura entrerriana entró en su etapa decisiva. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, confirmó que dictará las resoluciones y los fundamentos sobre los planteos de las partes antes del inicio de la feria judicial de invierno.
De esta manera, los entrerrianos sabrán finalmente si el expediente sobre corrupción más escandaloso de la última década llega al debate oral. La fecha exacta del veredicto sobre el requerimiento de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dependerá de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Superior Tribunal de Justicia.
Una década de desfalco
La investigación aborda una estafa millonaria al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares, ejecutada entre 2008 y 2018. La maniobra consistía en la utilización de contratos falsos en las cámaras de Diputados y Senadores. Para lograrlo, según consta en la investigación de la justicia, funcionó una red que involucró a funcionarios públicos, empleados de jerarquía legislativa, estudios contables y personas externas que buscaban presta nombres, falsificaban firmas y cobraban los cheques en los cajeros.
El debate para elevar la causa a juicio se abrió en abril de 2025, pero quedó suspendido a los pocos meses por reclamos de los defensores, que escalaron en la jerarquía judicial. Recién en mayo de este año se reabrió la audiencia y ahora se acerca el momento conclusivo.
El hilo que desenredó el ovillo
La historia comenzó de forma insólita en la primavera de 2018. Un agente de policía observó a personas que operaban de manera sospechosa con numerosas tarjetas de débito en un cajero automático de la Avenida Ramírez, en Paraná. El uniformado alertó sobre la situación y destapó una trama delictiva que sacudió los cimientos del poder político entrerriano.
A lo largo del proceso, los abogados defensores intentaron mudar el expediente a la Justicia Federal con el argumento de que los fondos se usaron para financiar campañas políticas. Sin embargo, en 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación devolvió el caso a los tribunales de Paraná, y sepultó esa estrategia.
Menos imputados en la lista final
Aunque el legajo original sumaba 32 imputados, hoy quedan 18 en la lista principal. Esto se debe a que 12 personas accedieron al beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation), una persona aceptó un juicio abreviado y un contador resultó sobreseído.
Las voces de la defensa
En las últimas jornadas, los abogados mantuvieron el reclamo de unificar esta investigación con una "segunda parte" de la causa que involucra a autoridades políticas de mayor rango, un planteo que la jueza Barbagelata rechazó desde el primer momento. Los defensores insisten en que la remisión actual perdió validez, mientras aportan pruebas para intentar justificar los patrimonios de sus clientes, antes de que el invierno congele la discusión y habilite el juicio oral.
▶ Mapa de tránsito 
