La discusión parlamentaria de la reforma jubilatoria en el Senado de Entre Ríos derivó este miércoles en un fuerte debate político que trascendió el contenido del proyecto y expuso las diferencias internas dentro del Partido Justicialista. La senadora justicialista Nancy Miranda, justificó su acompañamiento a la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y cuestionó con dureza a la conducción partidaria, a la que acusó de aplicar criterios diferentes según el peso político de cada dirigente y territorio.
16 de julio de 2026
Durante su intervención en el recinto, la legisladora por Federal recordó que el peronismo entrerriano "no resolvió el desequilibrio financiero de la Caja de Jubilaciones" durante los años en que gobernó simultáneamente la Nación y la Provincia con mayorías legislativas, y sostuvo que el debate actual no puede analizarse sin tener en cuenta esos antecedentes.
En ese sentido, mencionó la reforma previsional nacional aprobada en diciembre de 2017, cuando los entonces diputados nacionales por Entre Ríos Juan José Bahillo y Mayda Cresto votaron a favor del proyecto impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, en el marco del Consenso Fiscal acordado entre la Nación y las provincias. Miranda remarcó que aquella decisión nunca derivó en sanciones partidarias, a diferencia de las advertencias que hoy reciben los legisladores justicialistas que acompañan la iniciativa provincial.
La referencia también remite a otro antecedente significativo. Durante sus ocho años al frente del Ejecutivo entrerriano, el ex gobernador Gustavo Bordet reconoció en distintas oportunidades que la Caja de Jubilaciones atravesaba un problema estructural y que era necesario encontrar mecanismos que garantizaran la sustentabilidad del sistema a largo plazo. Esto, para evitar que el creciente déficit comprometiera las finanzas provinciales. Si bien esos planteos nunca derivaron en una reforma integral, dejaron planteado el mismo diagnóstico que hoy el Gobierno provincial expresa como el principal argumento del proyecto actualmente en debate.
En otro tramo de su discurso, Miranda describió al Partido Justicialista entrerriano como una "estructura acéfala durante los últimos ocho años" y cuestionó que la conducción convoque reuniones "para definir expulsiones", en lugar de fortalecer el trabajo político en los departamentos del norte provincial. También puso en tela de juicio la autoridad política de algunos dirigentes que, según sostuvo, ocupan cargos legislativos sin haber obtenido previamente el respaldo de las urnas, pero pretenden fijar la posición del bloque. La senadora explicó que su voto afirmativo respondió al "sentido común y a la coherencia institucional", luego de que el oficialismo aceptara introducir modificaciones al texto original durante el tratamiento en comisión y en el recinto.
La senadora Domínguez y los cambios realizados al proyecto
La postura de Miranda no fue la única que expuso argumentos a favor del proyecto dentro del justicialismo. La senadora por Feliciano, Gladys Domínguez, también respaldó la iniciativa y sostuvo que "la responsabilidad política consiste en actuar antes de que el problema sea irreversible". Durante su intervención afirmó que "no hacer nada también es tomar una decisión" y advirtió que permitir que el déficit continúe creciendo pondría en riesgo la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones.
Domínguez aclaró, además, que su acompañamiento respondió a las modificaciones incorporadas durante el debate legislativo y aseguró que no hubiera votado favorablemente el proyecto en su versión original. Entre los cambios destacó la reducción del período de cálculo del haber inicial de 20 a 15 años, el mantenimiento de las edades jubilatorias vigentes de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para los futuros ingresantes al Estado y la incorporación de un esquema diferenciado de aportes patronales para los municipios según su situación previsional.
La legisladora también informó que presentó una iniciativa complementaria para crear una Comisión Técnica de Control y Seguimiento del Sistema Previsional, integrada por representantes de los tres poderes del Estado, trabajadores, jubilados y entidades profesionales, con el objetivo de monitorear la evolución del régimen y evaluar su funcionamiento de manera permanente.
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