La Justicia formalizó cargos de peculado y asociación ilícita contra la ex funcionaria provincial, sus familiares y empresarios, por maniobras fraudulentas con las tarjetas de compra de los comedores. El perjuicio económico estimado supera los $100 millones, mientras se investiga una red de presiones para favorecer a proveedores específicos.
8 de mayo de 2026
La investigación por corrupción en la Coordinación Departamental de Comedores de Concordia sumó un capítulo clave con la imputación formal de Silvina Murúa, ex responsable del área, junto a sus hermanos Adrián y Vanessa, y su cuñado Esteban Godoy. Según los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning de la Unidad Fiscal de Concordia, la ex funcionaria utilizó su cargo para orquestar un sistema de direccionamiento de compras que perjudicó directamente el suministro de alimentos en la ciudad.
Las claves del esquema investigado
El Ministerio Público Fiscal sostiene que, desde enero de 2024, se montó una estructura para beneficiar a los empresarios Iñaki y Martín Partarrié, dueños de la firma “Ahora Voy SRL”.
Las maniobras detectadas incluyen:
Presiones a directivos: Se habrían utilizado métodos de intimidación o persuasión para que más de 30 responsables de las tarjetas de compra eligieran arbitrariamente a proveedores específicos de Concordia.
Perjuicio millonario: Los investigadores calculan que el daño económico a las arcas públicas supera los $100 millones.
Faltantes en las escuelas: La auditoría que originó el caso detectó diferencias sustanciales entre lo que se facturaba y la mercadería que efectivamente llegaba a las escuelas.
Dinero en efectivo y sospechas de lavado
Además de la situación de los funcionarios, la Justicia puso la lupa sobre el empresario Julián Quiroga, vinculado políticamente al MID y señalado como una figura con acceso irrestricto a las oficinas de Comedores a pesar de no tener cargo formal. “Estaba siempre, pero nadie sabía bien qué hacía”, detallaron testigos en la causa.
Durante los operativos realizados, se secuestraron cerca de $48 millones de pesos, unos 7.000 dólares en efectivo y armas de fuego. La hipótesis fiscal sugiere que el dinero desviado de los comedores era canalizado hacia circuitos informales para la compra de divisas.
Un avance hacia el juicio
Con la formalización de estas imputaciones por delitos de peculado, negociaciones incompatibles y asociación ilícita, la causa entra en su etapa final de recolección de pruebas. El objetivo de la fiscalía es delinear los roles de esta red que, según la acusación, utilizó fondos sensibles destinados a la alimentación escolar para el beneficio económico personal y empresarial.
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