El exsecretario de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes, ofreció $7 millones por coimas recibidas, que, actualizadas, superan los $229 millones. El gobernador lo consideró "insignificante" y fijó un nuevo estándar para los casos de corrupción: no se cobra a valor histórico.
4 de septiembre de 2026
Por primera vez en sede administrativa, el Gobierno de Entre Ríos rechazó formalmente una oferta de reparación económica de un exfuncionario condenado por corrupción por considerarla irrisoria frente al perjuicio real causado al Estado.
Se trata del contador Luis Alfonso Erbes, exsecretario de Presupuesto y Finanzas durante las gestiones de Sergio Urribarri, quien tras admitir en juicio abreviado que cobró dádivas para direccionar licitaciones a favor de la empresa Relevamientos Catastrales S.A., propuso pagar $7.036.181,61 como "reparación del perjuicio económico".
La propuesta fue rechazada de plano por el gobernador Rogelio Frigerio mediante el Decreto 2450/2026, del 7 de agosto, que se apoya en el Dictamen N° 74/2026 de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Esteban Vitor.
De $7 millones a $229 millones: la distorsión
Erbes fue condenado el 13 de abril pasado en el marco del Legajo N° 8620, la causa que tiene como principales imputados al propio Urribarri, al empresario Diego Cardona Herreros, al exministro de Trabajo Guillermo Smaldone y a otros cinco exfuncionarios, por cohecho, fraude a la administración pública, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública .
En su presentación, Erbes reconoció haber cobrado de manera indebida $95.970 en la Licitación 01/2008, $252.000 en la 48/2011 y $720.000 en la 84/2014, y actualizó esas cifras con la Tasa Activa del Banco Nación al 21 de abril de 2026. Para Legal y Técnica, ese cálculo genera "una gravísima distorsión, llevando a sumas irrisorias en relación con el valor real del dinero al momento de cometerse el injusto".
Si el capital histórico se actualiza por índices de precios IPC/IPIM, lo que Erbes ofreció -que el organismo totalizó en $7.843.663,14 con intereses- equivale en realidad a $229.645.074,66. Casi treinta veces más.
Pliegos a medida y coimas mensuales
El decreto repasa los cuatro hechos por los que fue condenado Erbes, todos con la misma empresa como única oferente:
- Licitación 01/2008: ayudó a redactar pliegos "a medida" de Relevamientos Catastrales, adjudicataria por $10.564.205 con un sobreprecio de $3.022.000. Él y José Flores cobraron $191.940 en 14 cuotas.
- Licitación 48/2011: un soporte informático por USD 80.900 mensuales durante 36 meses. El precio incluía $67.000 por mes para repartir entre funcionarios, $7.000 de ellos para Erbes.
- Licitación 02/2015: una consultoría por $652.800 mensuales con sobreprecio de $102.000. Volvió a recibir $7.000 por mes.
- Licitación 84/2013 (Ministerio de Trabajo): un software por $19.800.000 con sobreprecio de $155.000 mensuales. Cobró $20.000 por mes durante tres años.
En todos los casos, Relevamientos Catastrales fue la única oferente.
El principio de reparación plena
El eje del rechazo del Ejecutivo es el principio de reparación plena del Código Civil y Comercial. Para la Provincia, el daño no está constituido únicamente por lo que cobró el funcionario, sino por lo que perdió el Estado.
"El perjuicio al Estado no es 'cuánto' se benefició el autor del delito, sino 'cuánto' y 'qué' perdió el Estado", resume el dictamen. Es decir: la pérdida de chance de contratar más barato en libre concurrencia, los sobreprecios pagados, los costos judiciales y el daño a la imagen institucional.
Devolver lo cobrado "apenas si tiende a equilibrar" la situación patrimonial del condenado, pero no repara a la Provincia, sostiene Legal y Técnica, que calificó el caso como "un ejemplo claro de corrupción política y administrativa articulado a través del sistema de contrataciones del Estado entrerriano".
Con cita de la Corte Suprema y de las convenciones internacionales contra la corrupción, el acuerdo fue declarado "notoriamente improcedente" y se instruyó a la Fiscalía de Estado a reclamar el daño a valores reales. Es la primera vez que el Ejecutivo entrerriano fija este estándar, y deja un mensaje para el resto de los condenados del Legajo 8620.
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