El Gobierno amplió la protección frente a los desahucios hasta 2030, prorrogó contratos de alquiler y reguló los alquileres temporarios. La acampada de la Puerta del Sol continúa y el Congreso deberá votar los decretos este viernes.
1 de octubre de 2026
El desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió durante más de siete décadas en una vivienda del barrio madrileño de Retiro, provocó una fuerte reacción social y aceleró la discusión política sobre la crisis habitacional en España.
Tras varios días de acampe en la Puerta del Sol, el Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos ley (como los Decretos de Necesidad y Urgencia en nuestro páis) con medidas destinadas a proteger a los inquilinos y ampliar la oferta de vivienda asequible. El primero ya fue publicado en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor este jueves, aunque deberá ser convalidado por el Congreso.
Las principales medidas
El paquete aprobado establece la protección frente a los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. También refuerza la obligación de las administraciones autonómicas y municipales de ofrecer soluciones residenciales.
Entre las medidas incorporadas se encuentran:
- La prórroga extraordinaria por dos años de los contratos vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
- La congelación de las subas de alquiler por encima del índice de referencia.
- La regulación de los alquileres temporarios y de habitaciones.
- La prohibición, hasta 2028, de que los fondos buitre compren viviendas en determinadas condiciones.
- Bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que reduzcan los alquileres.
- Un mayor control sobre los pisos turísticos y la movilización de viviendas vacías. [2098][2101]
El segundo decreto contempla la renovación automática de determinados contratos de alquiler. Sin embargo, ese texto todavía no fue publicado en el BOE y fue remitido al Congreso junto con el resto del paquete para su tratamiento parlamentario.
La votación decisiva
Los dos decretos serán tratados este viernes 2 de octubre en un pleno extraordinario del Congreso. El Gobierno necesita reunir los votos suficientes para evitar que las medidas pierdan vigencia.
El PSOE y Sumar lograron acordar el paquete, pero Podemos y Junts todavía no confirmaron su respaldo. Podemos cuestionó que las medidas hayan sido divididas en dos decretos, mientras que Junts reclamó mayor protección para los pequeños propietarios.
El Gobierno decidió separar la renovación automática de los alquileres del resto de las medidas para facilitar la negociación parlamentaria. Esa decisión fue criticada por el Sindicato de Inquilinas, que considera insuficiente el texto aprobado y reclama contratos indefinidos, la suspensión de los desalojos sin alternativa habitacional y un congelamiento más amplio de los alquileres.
Maricarmen volverá a su vivienda
En paralelo, la mujer que originó la protesta alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria y podrá regresar al departamento donde vivió durante más de 70 años, una vez que reciba el alta médica.
El nuevo alquiler rondará los 500 euros mensuales, una cifra muy inferior a los 2.650 euros que la empresa había exigido inicialmente y que luego redujo a 1.650 euros. El acuerdo permitió resolver la situación particular de Maricarmen, pero no desactivó la movilización.
La protesta continúa
La acampada de la Puerta del Sol continúa este jueves, con cientos de personas y sin una fecha definida de finalización. Los manifestantes anunciaron que permanecerán en la plaza, al menos, hasta conocer el resultado de la votación parlamentaria y que también convocaron movilizaciones para el sábado en distintas ciudades españolas.
El caso de Maricarmen dejó de ser un conflicto individual y se convirtió en el símbolo de un problema que afecta a miles de personas: alquileres que suben por encima de los ingresos, contratos temporarios utilizados para evitar regulaciones y desalojos de familias que no encuentran una alternativa habitacional.
La aprobación de los decretos representa una respuesta inmediata a la presión social, pero el debate de fondo continúa abierto. La crisis de vivienda en España combina la escasez de alquileres accesibles, el crecimiento de los alquileres turísticos y temporarios y la dificultad de los gobiernos para ampliar la oferta de viviendas a precios razonables.
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