PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra de las medidas del Gobierno, que quedaron derogadas apenas un día después de entrar en vigor. La acampada de la Puerta del Sol se trasladó frente al Parlamento.
2 de octubre de 2026
El Congreso de los Diputados rechazó este viernes los dos decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez tras el desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo caso desencadenó una ola de protestas en España.
El primer decreto fue rechazado por 178 votos contra 172, sin abstenciones. En contra votaron el Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. A favor lo hicieron el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís.
El segundo decreto, referido principalmente a la renovación automática de los contratos de alquiler, también fue rechazado. De este modo, ninguna de las medidas logró la convalidación parlamentaria y ambas iniciativas quedaron derogadas.
Qué medidas quedaron sin efecto
El primer decreto concentraba las principales respuestas anunciadas por el Ejecutivo:
- La suspensión de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.
- La prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler.
- La regulación de los alquileres temporarios y por habitaciones.
- La limitación de la compra de viviendas por parte de fondos de inversión en determinadas condiciones.
- Un IVA del 10% para los pisos turísticos.
- Incentivos fiscales para propietarios y préstamos sin interés para la compra de una primera vivienda.
Con el rechazo parlamentario, esas medidas pierden vigencia. También deja de aplicarse la limitación temporal de las subas de alquileres que estaba incluida en el paquete aprobado por el Consejo de Ministros.
El segundo decreto proponía que determinados contratos de vivienda habitual se renovaran automáticamente, salvo que el propietario acreditara una causa legal para no hacerlo. Esa propuesta también fue rechazada por la Cámara.
La posición de Junts fue decisiva
El Gobierno necesitaba el apoyo o la abstención de Junts para evitar la caída de los decretos. Sin embargo, la formación de Carles Puigdemont confirmó que votaría en contra de ambos textos y reclamó al Ejecutivo que los retirara para redactar una nueva propuesta.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, sostuvo que los decretos eran jurídicamente deficientes y que podían producir el efecto contrario al buscado: dificultar aún más el acceso a la vivienda y mantener la capacidad de los fondos especulativos para comprar inmuebles. “Retiren el real decreto y sentémonos a trabajar”, pidió durante el debate.
El PP y Vox también rechazaron las medidas. El Gobierno, por su parte, acusó a esos bloques de dar la espalda a los inquilinos y de votar junto con los sectores vinculados a la especulación inmobiliaria.
La protesta llegó al Congreso
Mientras se desarrollaba la sesión, la movilización que había comenzado en la Puerta del Sol se trasladó a las inmediaciones del Congreso. El Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones reclamaron la aprobación de medidas más amplias y criticaron tanto la falta de acuerdo parlamentario como el contenido de los decretos.
Los colectivos consideran que las iniciativas eran insuficientes, pero representaban un avance frente a los desalojos y el aumento de los alquileres. Por eso pidieron su convalidación como punto de partida para una legislación más ambiciosa.
Una derrota para el Gobierno
El rechazo supone una derrota política para Pedro Sánchez y deja al Ejecutivo en una situación de extrema debilidad parlamentaria. La vivienda, que había quedado instalada en el centro de la agenda tras el caso Maricarmen, se transforma ahora en un nuevo foco de disputa entre el Gobierno, sus aliados parlamentarios y la oposición.
La caída de los decretos devuelve el problema al punto de partida: sin nuevas normas nacionales, continúan las dificultades para proteger a los hogares vulnerables frente a los desalojos, limitar los abusos en los contratos temporarios y ampliar la oferta de alquileres accesibles.
El Gobierno deberá decidir ahora si presenta un nuevo proyecto, negocia un texto con Junts y otras fuerzas, o intenta aprobar las medidas por separado. Mientras tanto, las organizaciones de inquilinos anunciaron que mantendrán la presión en las calles.
▶ Mapa de tránsito 
