El Gobierno de Entre Ríos formalizó el ingreso de la propuesta de ley este viernes por la tarde, que busca modificar el sistema previsional provincial. La iniciativa, elaborada tras semanas de mesas de diálogo con representaciones gremiales y diversos sectores vinculados, tiene como meta prioritaria alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas y otorgar previsibilidad financiera a la Caja estatal. Desde la administración central afirmaron que la premisa inamovible es el respeto absoluto a los derechos adquiridos, por lo que ningún jubilado actual sufrirá variaciones en sus haberes.
23 de mayo de 2026
La reforma contempla una adecuación progresiva de la edad jubilatoria para los trabajadores que forman parte del Estado en la actualidad. Mediante plazos de transición que oscilarán entre los 5 y los 20 años para evitar alteraciones abruptas, la edad de retiro se elevará de forma paulatina hasta alcanzar los 65 años. Por otra parte, se fijaron condiciones diferentes para los nuevos agentes públicos: quienes ingresen a la administración con posterioridad a la sanción de la normativa, deberán computar 68 años de edad para acceder al beneficio ordinario.
El texto ratifica la vigencia del 82% móvil sobre el sueldo bruto y la continuidad de la movilidad automática ligada a los acuerdos de las paritarias estatales. No obstante, introduce cambios sustanciales en la metodología para determinar el haber inicial, que pasará a calcularse sobre el promedio de los últimos 240 meses de trayectoria laboral. Esta ampliación de la base de cómputo procura neutralizar distorsiones salariales imprevistas, generadas por ascensos o recategorizaciones en los años previos al retiro de la actividad.
Respecto a los regímenes especiales vigentes, la propuesta legislativa no elimina las jubilaciones anticipadas ni los beneficios sectoriales establecidos. Sin embargo, la nueva normativa efectiviza la obligatoriedad de que el personal encuadrado en estos esquemas prosiga con sus aportes correspondientes, hasta cumplir con la edad jubilatoria ordinaria regulada por la Ley N° 8.732. Además, el plan incorpora un aporte solidario extraordinario, progresivo y de carácter transitorio, destinado de forma exclusiva a los haberes superiores a los 3 millones de pesos mensuales.
El texto ingresó el viernes por la mesa de entradas de la Cámara Alta y tomará estado parlamentario formal durante la sesión ordinaria programada para el próximo miércoles. Paralelamente a este proceso de reordenamiento interno, el Gobierno provincial ratificó que mantendrá el reclamo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para exigir el pago de los fondos históricos adeudados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La pelota ahora está en la Legislatura, donde senadores y diputados comenzarán a debatir el texto definitivo de la ley.
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