El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER), dependiente del Ministerio Público de la Defensa (MPD), presentó en la Casa de la Cultura de Paraná su informe de gestión 2025. El documento técnico, aprobado por su plenario interdisciplinario, sintetiza las acciones de supervisión presupuestaria y promoción de derechos en el marco de la Ley Nacional N°26.657.
2 de julio de 2026
Principales indicadores del informe
- Durante el año 2025, el ORSMER desarrolló una intensa labor de control y defensa de derechos territoriales:
- 196 presentaciones judiciales: Realizadas ante juzgados provinciales para velar por la legalidad y el debido respeto a los usuarios del sistema.
- Espacios institucionales: Se concretaron 11 reuniones plenarias a lo largo del año.
- Coordinación: El equipo participó en más de 300 instancias inter-institucionales destinadas a unificar criterios de intervención.
- Monitoreo territorial de internaciones: El informe detalló las coberturas y derivaciones en diversos efectores públicos y comunidades terapéuticas provinciales y extra provinciales. Entre ellos, se destacaron las 43 intervenciones en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y las 31 en el Hospital San Antonio de Gualeguay, evidenciando una fiscalización rigurosa de las condiciones de internación.
Autoridades presentes
El acto institucional estuvo encabezado por el defensor general, Maximiliano Benítez y contó con la presencia de autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo. La exposición de los datos estuvo a cargo del defensor general y titular del organismo, Maximiliano Benítez, junto al secretario ejecutivo, Martín Cabrera, y los integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario.
Durante la jornada, detallaron las dos líneas de acción prioritarias de la entidad: la supervisión directa de los servicios de salud y la promoción activa de los derechos de las personas usuarias. Asimismo, destacaron la reciente puesta en marcha de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, como una herramienta clave para articular políticas públicas. El encuentro incluyó un llamado a la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, con énfasis en la necesidad de garantizar las partidas presupuestarias correspondientes.
Del espacio participaron representantes de asociaciones de usuarios, profesionales médicos y organizaciones sociales, junto a funcionarios gubernamentales como el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, y la secretaria de Políticas de Cuidado, Ayelén Acosta. En ese marco, se concluyó que las principales fallas del sistema actual derivan de la falta de financiamiento y de conductas institucionales alejadas del espíritu protector de la norma.
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