El proyecto fue analizado este miércoles durante una reunión conjunta de dos comisiones. El encuentro estuvo encabezado por Nancy Miranda, presidenta de Legislación General, y Juan Pablo Cosso, titular de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La iniciativa del Ejecutivo ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
24 de septiembre de 2026
El Senado entrerriano retomó el debate sobre la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca establecer nuevas reglas de transparencia, declaraciones juradas, incompatibilidades y ficha limpia para quienes ejercen funciones públicas. Durante casi dos horas, los senadores revisaron modificaciones propuestas sobre distintos artículos. Entre los puntos que quedaron bajo análisis aparecen las declaraciones juradas de los funcionarios, el contenido que deberán incluir, la información sobre bienes y activos financieros, y el alcance de los sujetos alcanzados por la norma.
Cosso explicó que el debate se retomó porque surgió la posibilidad de introducir cambios antes de la votación en el recinto. “Se plantearon algunas cuestiones referentes a las presentaciones de declaraciones juradas de los funcionarios; cómo tiene que ser el contenido, lo relacionado a los bienes muebles, inmuebles, a los activos financieros”, detalló. También señaló que, respecto de la denominada ficha limpia, hubo consenso para incorporar la regla del doble conforme.
Miranda, por su parte, indicó que las modificaciones son trabajadas entre los distintos bloques y el Poder Ejecutivo. “Estamos trabajando sobre varias modificaciones que están proponiendo los diferentes bloques, que se vienen trabajando tanto con el Ejecutivo como con cada uno de los legisladores”, señaló.
Qué establece el proyecto
La iniciativa tiene 42 artículos y busca reglamentar los artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos. El texto establece normas de conducta para quienes desempeñen funciones en los tres poderes del Estado e incorpora reglas sobre declaraciones juradas patrimoniales, incompatibilidades, conflictos de intereses, inhabilidades y remuneraciones.
También contempla restricciones para la recepción de regalos, obsequios y donaciones vinculados con el ejercicio de la función pública. Además, crea el Observatorio Asesor de la Ley de Ética Pública, bajo la órbita de la Cámara de Diputados, y una Oficina de Ética Pública dentro del Poder Ejecutivo, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo.
El proyecto alcanza a funcionarios y empleados del Ejecutivo provincial y sus organismos, además de empresas estatales, órganos autónomos de control y sociedades con participación estatal.
El debate continuará
Las modificaciones planteadas serán analizadas por el oficialismo y los distintos bloques durante los próximos días. Cosso anticipó que la semana próxima volverán a reunirse con el objetivo de avanzar en un texto consensuado. “Trataremos de consensuar un dictamen conjunto”, afirmó.
De esta manera, el proyecto que ya recibió media sanción en Diputados continúa su recorrido legislativo en el Senado, donde el foco del debate está puesto ahora en los cambios propuestos antes de definir el dictamen de las comisiones.
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